Enjuiciamiento a sindicalistas marcó el 2010 y se espera un 2011 de conflicto Laborales

Prensa El Petrolero: En Guayana Actúan, además, a la sombra de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, así como de la Constitución Nacional, y a los tratados internacionales suscritos por la República que rigen la materia. El Estado, dentro de este modelo socialista, auspicia que los dirigentes sindicales y los trabajadores sean tratados y juzgados como delincuentes comunes, por tribunales penales. Así tenemos, por ejemplo, casos emblemáticos como son los procesos contra los trabajadores de Transporte Camila (14 en total), que incluye a tres líderes del sindicato Sutiss sidor (Leonel Grisett, miembro de la Comisión Paritaria de Sutiss; Juan Valor, secretario de Prensa y Propaganda; y Jhoel Hernández, secretario de Cultura y Deporte), quienes están siendo procesados penalmente por una protesta realizada en 2006; por otro lado, los 56 trabajadores siderúrgicos que fueron detenidos el 14 de marzo de 2008, durante las manifestaciones en demanda de una contratación colectiva justa en Sidor, que aún siguen siendo juzgados, tras ser exculpados en primera instancia. La Fiscalía del Ministerio Público (organismo con claros nexos políticos con el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías), apeló la sentencia.
Otros estados:
Está el caso de los dirigentes sindicales del sector petrolero en el estado Barinas (de la llamada “Nueva Pdvsa”), José Rondón y Jesús Rojas, obreros petroleros activos y representantes del sector Guamito, quienes han tenido que presentarse en los tribunales en esta entidad, tras haber sido acusados de desestabilizadores y subversivos, a propósito de la protesta que mantuvo paralizados tres taladros de la región. En último año se han reportado casos de situaciones similares en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Táchira, con trabajadores sometidos a regímenes de presentación. En el estado Yaracuy, se han contabilizado 103 casos de campesinos que, tras haber participado en manifestaciones públicas, han sido pasados a tribunales. Ni hablar de los estudiantes, que es harina de otro costal pero reflejo de la misma problemática. Hace poco, protestas estudiantiles en Caracas, Maracay y Mérida culminaron con detenciones y juicios. También estáel caso de vecinos de comunidades ubicadas en la vía a El Paó, en nuestra entidad, quienes salieron a quemar cauchos porque tenían tres días sin energía eléctrica y sin agua. El resultado fue una brutal represión policial y los dirigentes vecinales se encuentran enjuiciados y en régimen de presentación en tribunales penales. Finalmente, están los dirigentes Rubén González, Secretario General de Sintraferrominera; Ronald González, Carloy Quijada y otros tres trabajadores adscritos a Sutra-CVG. Todos ellos están siendo juzgados por tribunales penales como si fueran vulgares delincuentes. Eso ocurre mientras, en contraposición, el hampa común actúa a sus anchas. A ellos ni con el pétalo de una flor. Esa dureza contra el movimiento sindical autónomo y la lenidad que existe hacia la feroz delincuencia que castiga al ciudadano productivo, de bien y con familia, es lo que exaspera los ánimos y muestra que el “proceso” se va descosiendo desde dentro. La descomposición existente lo carcome .